GARA, 20/11/02

La ONU pone al Estado español bajo sospecha de practicar la tortura

·Muestra su «profunda preocupación» por la prolongación de la incomunicación

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas reitera, en su cuarto informe sobre el Estado español, que la incomunicación de los arrestados «facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos», por lo que expresa su «profunda preocupación». Recomienda a Madrid que, además de eliminar ese procedimiento, mejore la tipificación del delito de torturas en el Código Penal, así como que instale cámaras de vídeo en las comisarías «con miras a proteger tanto a los detenidos como a los funcionarios que pudieran ser acusados falsamente». También recuerda que la «prolongada dilación» de las investigaciones de las denuncias de torturas vulnera «los derechos de las víctimas a una reparación moral y material».

GINEBRA

El organismo de la ONU insta al Estado español a grabar los interrogatorios policiales realizados bajo el régimen de detención incomunicada «con miras a proteger tanto al detenido como a los funcionarios que pudieran ser acusados falsamente de tortura o malos tratos». Y señala que esas grabaciones deberían ser puestas en manos del juez «bajo cuya jurisdicción se encuentre el detenido», destacando que las cintas «impedirán atribuir efecto probatorio a cualquier declaración que se atribuya al detenido».

El CAT se muestra «profundamente preocupado» por el mantenimiento en el Estado español de la detención incomunicada hasta un máximo de cinco días sin que el detenido puede tener acceso a abogado ni a médico de su confianza ni a comunicar la situación en la que se encuentra a su familia. Según constata, ese régimen de detención «facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos».

El Comité Contra la Tortura también hace suya una reclamación que han realizado desde hace tiempos colectivos que luchan contra la tortura en Euskal Herria como es la necesidad de que los detenidos sean atendidos por un médico de confianza, y que éste realice un examen conjunto con el correspondiente forense designado por las autoridades

Otra de las recomendaciones que el CAT realiza al Estado español es que «considere la posibilidad de mejorar la tipificación del delito de tortura en el artículo 174 del Código Penal», con el objetivo de conseguir una mayor adecuación de esta legislación a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que entró en vigor en junio de 1987.

Por otra parte, el CAT recuerda la «obligación de realizar investigaciones prontas e imparciales y enjuiciar a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos, en particular de tortura».

El CAT también expresa su preocupación por «la prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura, que puede dar lugar a que los condenados reciban indultos o no lleguen a cumplir condena debido al largo tiempo transcurrido desde que se cometió el delito».

«Tal dilación posterga la satisfacción de los derechos de las víctimas a una reparación moral y material», destaca el organismo dependiente de Naciones Unidas

Asimismo, el CAT denuncia que el Estado español se abstiene, «en determinados casos, de iniciar procedimientos disciplinarios cuando hay un proceso penal en curso» y destaca que «debido a los retrasos de los procesos judiciales, esta situación puede dar lugar a que una vez se resuelva el proceso penal, la acción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria haya prescrito».

Por ello, indica al Estado español que debe «velar para que en casos de tortura o malos tratos se inicien, sin perjuicio de su suspensión a la espera del resultado de la acción penal, procedimientos disciplinarios».

Pese a las exigencias que el CAT hace el Estado español, este organismo señala que «es consciente de la difícil situación a la que hace frente como consecuencia de los graves y frecuentes actos de violencia y terrorismo criminal», aunque subraya que «en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura».

Por otro lado, el Comité Contra la Tortura muestra su preocupación por el incremento de denuncias de malos tratos, incluyendo abusos sexuales o violaciones, contra inmigrantes «supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas», al tiempo que denuncia «las severas condiciones de reclusión» de los presos FIES.